Resumen: Acción de división de cosa común y de reclamación de gastos satisfechos en vivienda común por parte de uno de los cónyuges tras el divorcio. Reconvención solicitando indemnización por ocupación exclusiva de la vivienda. El juzgado estimó parcialmente la demanda y desestimó la reconvención. En apelación la exesposa pidió la estimación de la reconvención y el exmarido impugnó la sentencia para que se estimara la acción de reembolso de las cuotas ordinarias y derramas correspondientes a la vivienda. La AP estimó el recurso de apelación y desestimó la impugnación. El exmarido recurre en casación interesando su estimación porque las cuotas comunitarias gravan la vivienda que era propiedad de ambos, y no las debe soportar solo el usuario. Es el propietario el obligado al pago de las cuotas de comunidad, y en este caso lo eran los dos esposos, sin que existiera pronunciamiento del juzgado de familia atribuyendo su pago solo al exmarido. Está permitido el uso de la cosa común por cada comunero respetando los límites del artículo 394 CC, sin que el otro o los otros comuneros puedan impedírselo por el mero hecho de que aquél la use el sólo o de que lo use más que el otro u otros. En este caso la exesposa requirió al exmarido, no para hacer uso de la vivienda también, sino como si se tratara de un arrendamiento, para que el exmarido le pagara una especie de renta por venir usándola solo.
Resumen: Demanda de reclamación de las cantidades entregadas a cuenta para la compraventa de una vivienda que no llegó a construirse. La misma se dirige frente a la entidad bancaria que emitió un aval colectivo. La sentencia de primera instancia estimó la demanda, pero la audiencia la revocó. Recurren en casación los compradores y la sala estima su recurso; en primer lugar, confirma el fin residencial de la vivienda, por lo que resulta de aplicación el régimen tuitivo de la Ley 57/68; tiene en cuenta los hechos probados en la instancia tales como la compra de una sola vivienda, la no acreditación de que los compradores tuvieran otras propiedades o que obtuvieran una rebaja del precio, sin que pueda deducirse la finalidad especulativa por la existencia de una cláusula de cesión de la vivienda a terceros. Así, conforme a la doctrina jurisprudencial de la sala al resolver recursos sobre la responsabilidad de Caixabank S.A. como avalista colectiva de la promotora del residencial "Trampolin Hills Golf Resort", dicha entidad debe responder frente a los compradores de las cantidades previstas en el contrato y anticipadas por ellos aunque no se ingresaran en una cuenta de la promotora. Se revoca la sentencia recurrida y, en su lugar, se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Se estima el recurso de casación interpuesto frente a una sentencia que acordó la nulidad de un acuerdo comunitario consistente en abrir una puerta de acceso al patio de luces. La comunidad demandada opuso el incumplimiento del requisito impuesto en el art. 18.2 LPH, según el cual el comunero impugnante deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas, habida cuenta que era deudor de la derrama destinada precisamente a la apertura de la puerta que constituía el objeto del proceso. La sala confirma, en primer lugar, que esta impugnación tiene acceso al recurso de casación, al tratarse de una vulneración de una norma de derecho sustantivo. En segundo lugar, recuerda su doctrina sobre el art. 18.2 LPH. El comunero impugnante debe estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas, sin embargo, no es preciso ni el previo pago o la consignación cuando se trate de la impugnación de acuerdos relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación del art. 9 LPH entre los propietarios. En el caso litigioso, no concurre esa excepción pues el acuerdo versa sobre la apertura de una puerta cuya derrama no se cuestionó ni en cuanto a la determinación de su importe ni porque alterara el régimen de contribución a los gastos comunes según su cuota de participación.
Resumen: Acción contra avalista colectiva en reclamación de cantidades anticipadas por compradores de viviendas en construcción. La sentencia recurrida limitó indebidamente la responsabilidad de la avalista colectiva a las cantidades ingresadas en cuenta de la promotora en la propia avalista. Reiteración de la jurisprudencia según la cual la avalista, aunque sea colectiva a falta de avales individuales, debe responder frente a los compradores de las cantidades previstas en el contrato y anticipadas por ellos aunque no se ingresaran en una cuenta de la promotora, sea de la avalista o de otra entidad. Al constar que todas las cantidades reclamadas que se entregaron a la promotora a cuenta del precio se correspondían con el calendario de pagos pactado, incluyendo la cantidad entregada en concepto de reserva, se estima el recurso de casación y se confirma la sentencia de primera instancia, íntegramente estimatoria de la demanda, incluidos sus pronunciamientos sobre intereses (devengo desde las respectivas entregas) y costas.
Resumen: En el presente litigio los compradores de una vivienda en construcción reclaman de la avalista colectiva las cantidades entregadas en su día a la promotora a cuenta del precio. Para resolver la controversia planteada en casación es necesario determinar, con carácter previo, si es o no aplicable a los compradores-recurrentes el régimen de garantías de la Ley 57/1968. En primera instancia se estimó la demanda (se consideró probado el pago de anticipos y aplicable la ley 57/1968 porque la entidad avalista no había probado la finalidad especulativa de la compraventa, lo que no se ajusta a la doctrina jurisprudencial). La Audiencia estimó el recurso del banco avalista, razonando que no se ha probado la entrega de los anticipos a cuentas y en todo caso, la falta de responsabilidad del banco avalista, sin pronunciarse sobre si la Ley 57/1968 es aplicable o no al caso. Ahora -alterando el orden habitual de examen, y comenzando por la casación, con esa cuestión previa de la aplicabilidad de la Ley 57/1968- se desestiman los recursos interpuestos por los compradores, pues la Ley 57/1968 no les es aplicable, al tratarse de una compraventa con finalidad no residencial. Son indicios de la finalidad especulativa de la compra la profesión del comprador (profesional del sector inmobiliario); la ubicación, características y distancia entre la vivienda adquirida y el domicilio; el silencio de la demanda; y las peculiaridades del contrato -sin referencia alguna a la Ley 57/1968-.
Resumen: La ley 57/1968, por su carácter imperativo, solo resulta aplicable a aquellos que se encuentren comprendidos dentro de su ámbito de protección, por lo que es esencial determinar si la compra en cuestión forma parte de ese ámbito. La ley no es aplicable a quienes adquieran la vivienda con finalidad no residencial, sean o no profesionales. La jurisprudencia de la Sala 1ª ha identificado diversos indicios que pueden valorarse a la hora de apreciar la finalidad inversora. Si existe pacto entre un comprador inversor y la promotora por el cual esta se obligue a garantizar la devolución de las cantidades anticipadas, la garantía se regirá por lo pactado y no por el régimen tuitivo de la Ley 57/1968 y su jurisprudencia, lo que implica que no sea aplicable al comprador inversor la doctrina jurisprudencial sobre la efectividad de las pólizas colectivas en ausencia de aval individual. En el presente caso, la Audiencia consideró probado que la compra tuvo una finalidad especulativa, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes (comprador con ingresos claramente insuficientes para hacer frente al pago y propietario de otra vivienda a pocos kilómetros) y existen además otros indicios, como la inclusión en el contrato de una cláusula que permitía cederlo a terceros o el silencio de la demanda sobre la finalidad de la compra, que abundan en el fin especulativo. Por ello, al no constar una finalidad residencial, no resulta de aplicación la ley.
Resumen: Demanda contra la comunidad de propietarios, en la que solicitaba que fuera condenada a permitir llevar a cabo los trabajos pendientes de realizar en los conductos de evacuación de humos del negocio de restauración sito en la comunidad, al cese en la prohibición de acceso a elementos comunes el edificio para realizar los trabajos y a la facilitación de acceso a los mismos. La sentencia de primera instancia estimó la demanda y la audiencia la confirmó en su integridad. Recurre en casación la comunidad demandada y la sala desestima el recurso. El conflicto derivó del hecho de que la ejecución de obras de adecuación a la normativa de seguridad en materia de incendios y de estanqueidad requería el acceso a determinadas zonas comunes, que fue impedido por la comunidad demandada. La autorización que solicitó la demandante no pretendía la obtención de un acuerdo de la comunidad que debiera consentir las obras, sino que tenía por objeto salvar la prohibición de acceso a determinadas zonas comunes por las que pasaba la conducción, ya que la realización en esas instalaciones de trabajos, por razones de seguridad, no requería de acuerdo previo de la junta de propietarios. Como la comunidad no permitió la realización de obras de adecuación a la normativa de seguridad de unas instalaciones comunes (impuestas por el ayuntamiento), se perjudica el uso y disfrute de la propiedad, por lo que dichos acuerdos son nulos. Se desestima el recurso de casación.
Resumen: Demanda sobre modificación de cuotas de participación asignadas para la distribución de gastos de las fincas resultantes de la subdivisión de un local de un centro comercial, en la que se pretende que se atienda exclusivamente al criterio de la superficie. Efecto "locomotora" o "ancla" de uno de los locales destinado a supermercado. Alegado en el recurso la improcedencia de aplicar la doctrina de actos propios, tal argumento se aparta de la razón decisoria de la sentencia recurrida, en la que esa doctrina es un mero obiter dicta (razonamiento no esencial, argumento sin relevancia para el fallo). En cualquier caso, la interpretación de reglas de los estatutos de propiedad horizontal es tarea de los órganos de instancia, lo mismo que las cláusulas de un contrato, y no es revisable en casación salvo que sea ilógica o contraria a normas legales. En el caso, la interpretación de la Audiencia, que desestimó la demanda, no se opone a lo recogido en los estatutos. La sentencia recurrida se basa en que los estatutos preveían que la cuota de gastos se fijase en función de la capacidad de potenciar la actividad del centro, por lo que el criterio de la superficie no sería el único a tener en cuenta. Ello no impide que en el futuro se ejerciten acciones si el local, por su configuración física o comercial, dejase de ser potencialmente una locomotora o ancla para el resto de los locales.
Resumen: En la demanda origen del presente recurso se instaba la realización de obras tendentes a devolver la fachada de un piso a su estado original, en concreto, se denunciaba la instalación de un cierre de terraza con cristalera y la eliminación de la pared preexistente en dicha terraza. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda, concluyó que el cierre, similar al de otros propietarios, era tolerado por la comunidad, lo que no sucede con la supresión del muro de separación de la vivienda con la terraza, al no constar autorización expresa o tácita de la junta. La audiencia revocó la sentencia y desestimó la demanda en su integridad. Recurre en casación la demandante y la sala estima el recurso. Considera, en primer lugar, que la copropietaria demandante está legitimada en el presente procedimiento, al actuar en beneficio de la comunidad; en segundo lugar, no procede apreciar abuso de derecho en su pretensión; por último, declara que es un hecho acreditado que la comunidad dio autorización, al menos en un caso, para el cierre de las terrazas, con carpintería de aluminio, pero no consta autorización alguna ni expresa ni tácita para la demolición de los muros de cierre de la vivienda; por ello, estima el recurso y la demanda, condenando a la demandada a reponer los muros demolidos, que separaban las terrazas de las habitaciones contiguas. Se confirma la sentencia de primera instancia.
Resumen: Las obligaciones que prevé la Ley 57/1968 no se imponen en ningún caso al banco descontante de los efectos cambiarios utilizados para el pago de anticipos, debido a la incompatibilidad de las exigencias de la Ley 57/1968 con la abstracción propia del régimen de los efectos cambiarios cuando el tenedor de la letra es ajeno a la relación causal. Ello explica que el banco descontante, como tenedor legítimo de los efectos y titular de los créditos cambiarios autónomos y abstractos incorporados a ellos, sea inmune frente a eventuales excepciones extracambiarias fundadas en las relaciones personales entre el librado-aceptante (el comprador) y el librador (promotora). El comprador-aceptante no puede responsabilizar al banco descontante del incumplimiento por parte del promotor-librador de sus obligaciones derivadas de la Ley 57/1968, a menos que pueda demostrarse la exceptio doli (la intervención del banco-tenedor en el contrato subyacente aunque sea de modo encubierto o en connivencia con las partes o confabulando con el librador o como testaferro). En el presente caso, las letras se emitieron válidamente y fueron descontadas y reclamadas a los compradores-aceptantes tras su vencimiento, sin que estos hayan probado la exceptio doli. Es determinante, además, para no apreciar la exceptio doli que el banco no pudiera conocer, al descontar las letras que el contrato sería incumplido en el futuro. Se estima el recurso de casación.
